Alejandro Fernández, presidente de ANETRA: “La fórmula actual no refleja los costos reales de operación”
El transporte colectivo por carretera no es solo una red de ómnibus conectando ciudades: es una pieza esencial para que el país funcione. Así lo entienden en ANETRA, la gremial que desde hace más de cuarenta años representa a las empresas que operan servicios de transporte departamental, interurbano, metropolitano, interdepartamental, internacional y de turismo.
A lo largo de estas décadas, ANETRA ha sido una voz clave en la defensa de un sistema de transporte público eficiente, seguro y accesible para todos los uruguayos. Pero hoy el sector enfrenta desafíos complejos.
Para conocer más sobre este tema, conversamos con Alejandro Fernández, presidente de la Asociación.
¿Cómo describirían la situación actual del transporte interdepartamental en Uruguay?
Estamos atravesando una etapa de cambios. El transporte colectivo sigue siendo clave para la movilidad, la integración territorial y el desarrollo económico. Sin embargo, hay transformaciones importantes: aparecen nuevas formas de movilidad, crece la cantidad de vehículos particulares, surgen servicios informales y la situación económica nos obliga a repensar cómo se financia y regula el sistema. Por lo tanto, el sector busca adaptarse y mantener el equilibrio entre sostenibilidad, modernización y servicio público.
¿Qué está haciendo ANETRA para enfrentar esta situación?
Desde la Asociación, trabajamos en propuestas que vayan en la línea de preservar la sustentabilidad del sistema. Una de las más importantes es revisar la estructura tarifaria actual, ya que la fórmula no refleja los costos reales de operación. Proponemos, por ejemplo, restablecer el coeficiente de ocupación al 65% (hoy es de 66,5%), eliminar la tasa consular del 5% que se aplica a la importación de ómnibus, e incluir en los cálculos costos que hasta ahora no se contemplan, como el uso de terminales, los medios electrónicos de pago o los pasajes gratuitos y bonificados.
Las terminales de pasajeros serían un punto clave. ¿Por qué?
Porque su actual modelo de financiamiento encarece mucho la operación. Las empresas pagan altos arrendamientos y toques de andén, y eso termina reflejándose en el precio del boleto. Nadie discute el valor que tienen las terminales en cuanto a comodidad y organización, pero creemos que es necesario revisar el esquema junto al Ministerio de Transporte y las Intendencias, para que sigan siendo sostenibles, sin perjudicar al transporte público.
¿Qué otros temas preocupan al sector?
Hay varios. Uno es el aumento de los costos asociados a la inclusión financiera. También planteamos adecuar las normas de accesibilidad a las realidades de los distintos tipos de servicio -no es lo mismo un viaje corto que uno de larga distancia-, buscando un equilibrio entre inclusión y viabilidad operativa.
¿Y en el plano regulatorio?
Nos parece fundamental fortalecer la coordinación entre las políticas públicas y la realidad del transporte. Es importante que los estudios tarifarios acompañen los ajustes salariales, que las sanciones se apliquen con garantías adecuadas, revisar el régimen de responsabilidad civil ilimitada de las empresas, que no se aplica igual en otros modos de transporte.
Además de los desafíos económicos, también hay cuestiones de seguridad y competencia que preocupan. ¿Qué visión tienen sobre eso?
El transporte formal está sujeto a una cantidad de exigencias -controles técnicos, seguros, condiciones laborales, normas de seguridad- que garantizan un servicio confiable. Pero en los últimos años han surgido formas de competencia que operan fuera de ese marco, sin asumir las mismas responsabilidades, lo cual genera una distorsión del sistema y, sobre todo, pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. A esto se suma la preocupación por hechos de violencia, como los ataques a unidades en distintas zonas del país. Por eso insistimos en la necesidad de un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y las autoridades locales, para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte público.
Finalmente, ¿cómo ven el futuro del transporte colectivo en Uruguay?
Con esperanza, pero con realismo. Un sistema sustentable, moderno y socialmente justo, que se adapte a las nuevas demandas de movilidad sin dejar de ser un servicio público. Por eso, ANETRA reafirma su disposición al diálogo y la cooperación con el Ministerio de Transporte, las intendencias y todos los actores del sistema. El objetivo es claro: mantener vivo un transporte colectivo que integre, conecte y sea motor de desarrollo para todo el país.
